La encomienda de gestión se encuentra regulada actualmente en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y es un instrumento jurídico a través del cual los órganos administrativos o las Entidades de Derecho Público pueden encomendar a otros órganos o Entidades de Derecho Público la realización de actividades de carácter material o técnico, por distintas razones.

Es una manifestación de la potestad organizatoria de la Administración que se inscribe entre las técnicas de alteración del ejercicio de las competencias por los órganos administrativos.

En cuanto al tenor literal del artículo mencionado (en sus dos primeros apartados):

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Es importante distinguir entre la encomienda de gestión y los convenios de colaboración que son aquellos instrumentos en que se formalizan los acuerdos adoptados entre las partes. Así, fruto de la encomienda de gestión el 28 de septiembre de 1999 se firmó el convenio de colaboración entre la DGT y el Consejo General de Gestores Administrativos. El 27 de septiembre de 2007 se adaptó para la tramitación telemática. El objeto de este último convenio es establecer el marco básico de colaboración entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y los distintos colegios oficiales de gestores administrativos representados por el Consejo General de Gestores Administrativos de España para el desarrollo de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de las autorizaciones de circulación de sus vehículos.

Gracias al mismo los Colegios de Gestores pueden presentar solicitudes electrónicas de cambio de titularidad y obtener, en tiempo real y directamente del Registro de Vehículos de la DGT, las autorizaciones provisionales de circulación que entregan al ciudadano en tanto se expide el permiso de circulación definitivo por la Jefatura de Tráfico correspondiente.